En el transcurso de este Rebaja en diciembre de 2023 CIVICUS ha agregado al país a su última lista de vigilancia de la clasificación del espacio cívico de Kirguistán de “discapacitado” a “oprimido”. CIVICUS también expresó preocupación por Kirguistán durante el debate general en Naciones Unidas Reunión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de marzo
CIVIUS, una alianza global de activistas y organizaciones de la sociedad civil, publica periódicamente una lista de vigilancia para llamar la atención sobre algunos países donde el respeto por las libertades civiles ha ido disminuyendo rápidamente. En su Lista de vigilancia a partir del 5 de marzoKirguistán se destaca junto a Pakistán, Palestina, Senegal y Venezuela.
“En Kirguistán, alguna vez considerado un refugio relativo para la sociedad civil y la libertad de prensa en Asia Central, el gobierno está reprimiendo la disidencia con una severidad sin precedentes”, escribe CIVICUS.
En el Informe adjuntoEn el informe, elaborado en colaboración con la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (IPHR), CIVIUS señala dos esfuerzos legislativos -los proyectos de ley sobre «representantes extranjeros» y el proyecto de ley sobre «medios de comunicación»-, así como las detenciones de periodistas y activistas como áreas motivo de preocupación Deterioro del espacio cívico en Kirguistán.
“Desde principios de 2024, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para frenar la disidencia impulsando leyes represivas y apoyándose en endebles justificaciones legales para cerrar medios de comunicación independientes y arrestar y detener a sus críticos”, decía la introducción del informe.
El proyecto de ley “representante extranjero” pasó su segunda lectura Final de febrero. Siguiendo el modelo de la ley rusa sobre «agentes extranjeros» de 2012, la versión actual de Kirguistán omite la preocupante adición de sanciones penales, pero ha causado gran preocupación tanto dentro como fuera de Kirguistán. Como explica CIVICUS:
Según la propuesta, las ONG financiadas desde fuera de Kirguistán y que participan en “actividades políticas” ampliamente definidas deberían registrarse como “representantes extranjeros” y etiquetar todo lo que publiquen con esta etiqueta estigmatizante. No registrarse podría dar lugar a sanciones severas: el Ministerio de Justicia podría suspender sus actividades sin orden judicial durante un máximo de seis meses y luego pedir al tribunal que las cierre. Para garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades tendrían amplios poderes para monitorear a las ONG, mediante inspecciones intrusivas no programadas, mediante el acceso a documentos internos y mediante la participación de sus representantes en eventos, incluidas reuniones internas de personal.
Tara Petrović, investigadora de CIVICUS para Europa y Asia Central, dijo en un comunicado de prensa sobre el informe: «En todas partes donde hemos visto estas leyes implementadas, han llevado al cierre masivo de ONG». Cuando consideramos sus consecuencias inevitables, nos damos cuenta de que su verdadero objetivo es la abolición de facto de la sociedad civil independiente y la supresión de las voces críticas”.
El otro esfuerzo legislativo preocupante es un proyecto de ley sobre “medios de comunicación de masas”, que, como explica CIVICUS, “otorgaría a las autoridades un amplio control sobre todas las formas de medios de comunicación en el país y ampliaría los motivos por los cuales pueden negar el registro a los medios de comunicación y obstaculizar su trabajar.” .” y apagarlos.” La ley requeriría que todos los “medios de comunicación masivos” –para los cuales la definición es muy amplia– se registren ante el estado. Por ejemplo, la acreditación requerida para visitar oficinas de gobiernos estatales y locales podría ser revocada si el periodista o «la agencia de medios para la que trabaja daña el honor, la dignidad o la reputación comercial» de la oficina en cuestión. Los periodistas independientes y los medios de comunicación no registrados no podrían obtener ninguna acreditación.
Finalmente, CIVICUS destacó la presión que el Estado está ejerciendo sobre periodistas y activistas, comenzando con la redada a las oficinas editoriales de 24.kg a mediados de enero y el arresto de 11 periodistas, muchos de ellos vinculados a Temirov Live. CIVIUS también destacó la decisión de un tribunal de Bishkek a principios de febrero de cerrar Kloop, supuestamente debido a sus informes «negativos» sobre el estado.
CIVIUS también destacó que “Caso Kempir-Abad“, que fue clasificado como “secreto” por el Ministerio del Interior de Kirguistán en enero de 2023. Dieciséis meses después del arresto de dos docenas de activistas, políticos y periodistas que se pronunciaron en contra del entonces pendiente acuerdo Kempir-Abad entre Kirguistán y Uzbekistán, quedan 11 detenidos, el resto quedó en libertad bajo arresto domiciliario. Se les acusa, entre otras cosas, Planes para tomar el poderque se castiga con una pena de prisión de hasta 15 años.
CIVIUS pidió al parlamento de Kirguistán que rechace las leyes propuestas y pidió a las autoridades kirguisas que “defiendan resueltamente el respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Kirguistán, de acuerdo con las obligaciones internacionales del país”. También pidieron a las autoridades kirguisas que pongan fin a las medidas represivas contra los medios de comunicación y “dejen de utilizar la aplicación de la ley como medida de represalia contra los críticos”.