Desde hace una década se debate un tratado para combatir los crímenes contra la humanidad en todo el mundo. La próxima semana en Nueva York, los estados tienen una importante oportunidad de hacer esto realidad, y los estados de Asia y el Pacífico tienen un papel fundamental que desempeñar.
La necesidad general de este tratado está fuera de toda duda. Ninguna región del mundo está libre de crímenes contra la humanidad. Sólo en los últimos 10 años, Amnistía Internacional ha identificado atrocidades de este tipo en al menos 18 países de todo el mundo. La región de Asia Pacífico tiene muchas experiencias que ofrecer, desde el pasado: Japón, Camboya, Timor OrientalY Sri Lanka – hasta hoy: AfganistánSinkiang en PorcelanaEl trato que Myanmar da a los rohingya y otras poblaciones, las Filipinas en su “Guerra contra las drogas”.
Una comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió a principios de abril nos encontraremos para discutir una propuesta de respuesta internacional a este flagelo. Lo que puede parecer un ejercicio técnico para los especialistas es en realidad una gran oportunidad para mejorar el marco global de la justicia internacional. Es absolutamente necesario que los Estados de Asia y el Pacífico –y la sociedad civil de esos países– participen en este proceso y ayuden a dar forma a una cuestión importante del derecho internacional.
En esta sesión, los Estados miembros de la ONU volverán a examinar en detalle un proyecto de texto adoptado en 2019. La reunión es crucial para discutir elementos específicos del tratado propuesto y su futuro en su conjunto. El mismo comité debe decidir a finales de este año si deben iniciarse negociaciones formales sobre una futura convención sobre la prevención y el castigo de crímenes contra la humanidad.
Este contrato te llenaría un gran agujero en el marco global de la justicia internacional. Están los Convenios de Ginebra y sus protocolos sobre crímenes de guerra y la Convención sobre Genocidio, que recientemente ha asumido un papel clave en el contexto del conflicto de Gaza, pero ninguno para crímenes contra la humanidad.
Estos crímenes, que, a diferencia de los crímenes de guerra, también pueden cometerse fuera de un conflicto armado, caen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Pero este tribunal, en principio, sólo conoce casos que conciernen a sus Estados miembros, y los pocos casos que la CPI puede y aceptará tratan de la responsabilidad penal de individuos específicos y no de las malas acciones de los Estados.
El convención propuesta brindaría oportunidades adicionales para que los Estados promuevan la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad. Agregaría deberes para prevenir tales crímenes y reglas para la cooperación con otros estados. Y establecería la obligación de investigar y procesar a los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad dondequiera que se encuentren, a menos que sean extraditados a otro lugar para su procesamiento, reduciendo así el número de refugios seguros.
Un elemento fundamental de esta nueva convención sería que apunta principalmente a empoderar a los estados y no a un nuevo tribunal internacional. Proporcionaría a las autoridades estatales un “juego de herramientas” para llevar a cabo sus propias investigaciones, ya sea sobre atrocidades cometidas en casa o en otros países. Los Estados están preocupados por los procesos penales en instituciones internacionales como la CPI Estándares dobles Se le daría un marco para hacerlo por sí mismo, con definiciones y principios básicos comunes que serían aplicados por los tribunales nacionales.
Todo esto significa que los Estados de Asia y el Pacífico deberían tener un interés genuino en mejorar la rendición de cuentas de los perpetradores y la justicia para las víctimas.
Sin embargo, la reciente participación de los Estados de Asia y el Pacífico en este proceso ha sido decepcionante. En la última ronda de consultas, sólo seis países de la región presentaron comentarios por escrito: Afganistán, Australia y Nueva Zelanda expresaron su apoyo a la adopción de una convención; Japón, aunque en general lo apoyó, expresó algunas reservas, al igual que Singapur; China rechazó todo el proyecto.
El pasado mes de octubre, algunos estados de la región al menos hicieron declaraciones o se sumaron 110 Países de todo el mundo que apoyan un tratado. Tailandia fue uno de los países que más se expresó y afirmó en ese momento que estaba “considerando positivamente” la convención.
Este abril, quienes en la región apoyan una futura convención sobre crímenes contra la humanidad deben expresar claramente su deseo de avanzar, para no correr el riesgo de ser marginados por Estados que apoyan su oposición con demandas más discusiones, demoras y “consensos” oscuros. La sociedad civil regional debe llamar a sus gobiernos a hacer lo correcto en la lucha contra la impunidad.
Esta convención se ha discutido durante más de una década. Los redactores del tratado propuesto de todas las regiones del mundo han creado un excelente punto de partida. El hecho de que existan desacuerdos sobre determinadas disposiciones es simplemente otra razón más para pasar a negociaciones reales.
La región de Asia y el Pacífico alguna vez estuvo marcada Nuevos enfoques de la justicia internacionalcon salas especiales que se ocupan de crímenes contra la humanidad Camboya y Timor Oriental. Esta reunión del comité de la Asamblea General de la ONU es una oportunidad para que los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico establezcan cómo promoverán hoy la justicia para crímenes que, como dice el borrador del texto, “conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad”. No debería desperdiciarse.